Este texto es un manifiesto, sin eufemismos, contra la intervención de los poderes legislativo y ejecutivo en el nombramiento de jueces. Revela las diferentes formas, modelos, planes o programas establecidos para crear la falsa apariencia de despolitización en el nombramiento de jueces; y cómo, a pesar de estos turbios intentos de ingenuidad, o deliberadamente diseñados, la clase política conserva el poder de los nombramientos. Este vínculo político pone en riesgo la independencia judicial externa, pues independientemente de la duración de los nombramientos —permanentes o vitalicios—, la relación de dependencia que los jueces otorgan a la clase política no se extingue con el paso del tiempo; aunque pueda mutar, debilitarse o disminuir en intensidad, siempre constituirá un riesgo. Si bien reconoce que la sobrevalorada representatividad busca justificar la intervención política, cuestiona esta falacia, argumentando que esta es solo una forma, no la única ni la ideal en muchos casos, de legitimar el poder. Paralelamente, y cuestionando las sórdidas experiencias en Norteamérica y Bolivia, desvirtúa el sistema de elección popular de jueces, ya que, de una u otra forma, politiza la elección. Además, expone sin reservas la idea infundada de académicos y políticos que pretenden que las elecciones judiciales son producto de la modernidad intelectual, pues describe sus orígenes teóricos y constitucionales a finales del siglo XVIII. De principio a fin, entre líneas, se presentan ideas para la despolitización del nombramiento de jueces; y, al final, con un pragmatismo inequívoco, propone normas para el nombramiento apolítico de jueces. La idea central que vertebra el texto es la urgente necesidad de una verdadera despolitización del nombramiento de jueces, como primer requisito entre muchos otros, para garantizar, en la mayor medida posible, «la independencia de los jueces en el ejercicio de la función de juzgar y ejecutar sentencias».