La Ley en Materia de Antejuicio de Guatemala (Decreto Número 85-2002) es la normativa de orden público que regula las garantías, el ámbito de aplicación, la tramitación y los efectos de los procesos dirigidos a retirar la inmunidad de los funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado. Su propósito principal es proteger la función pública frente a denuncias infundadas o con motivaciones exclusivamente políticas.